La gestión del agua ha sido a lo largo de la historia una constante preocupación para los habitantes de la península Ibérica y, solo con tecnología y voluntad política, ha podido paliarse la sequía. España puede preciarse de ser uno de los países que más y mejor combatió la sequía a lo largo del siglo XX, pues entre 1940 y 1972, el país hizo más en términos de gestión del agua que en dos milenios anteriores y se construyó infraestructura que permitió multiplicar en más de cinco veces la capacidad de agua embalsada.  

Sin embargo, desde los años 80 no se hizo prácticamente nada en materia de gestión del agua hasta que, en 2001, el Gobierno del PP lanzó el Plan Hidrológico Nacional, PHN, un proyecto de Estado que iba a ser financiado casi en su totalidad por la UE y que tenía por objetivos la comunicación de las cuencas hidrográficas, el aumento de la capacidad embalsada y consagraba el concepto del agua como un elemento crítico en la cohesión y bienestar nacionales. Lamentablemente, este PHN no prosperó, perdiendo así la financiación europea y la oportunidad histórica de haber encaminado y mitigado el problema de la sequía.

La actual sequía aguda en Cataluña pone de manifiesto varias cuestiones: en primer lugar, España tiene que librarse de una vez por todas del ambientalismo que impregna toda la acción política a nivel nacional y europeo. En concreto, de la nefasta Ley contra el Cambio Climático, que es una garantía para que situaciones como las de Cataluña se repitan en otras regiones más adelante. Y por otro lado, España debe desarrollar una ambiciosa estrategia nacional de desalinización que incluya las necesidades energéticas. Hoy somos el quinto país en términos de capacidad de producción de agua desalada pero, teniendo en cuenta las presentes y futuras necesidades de agua, esto no es suficiente. Por la población actual, por las necesidades alimentarias y del resto de la economía, tenemos un nivel de vulnerabilidad muy elevado y nos encontramos en el tercio de países con el estrés hídrico más elevado.

En las últimas décadas es cierto que se ha aumentado de una forma tímida la capacidad de desalación y que ésta se circunscribe principalmente a un ámbito regional como es el levante español pero, insistimos, España carece de una política que apueste claramente por la desalinización a gran escala, el almacenamiento y los trasvases. Con su capacidad tecnológica y sus empresas de ingeniería, debemos aspirar a ser líderes mundiales y a convertirnos en el país con mayor volumen de desalación para que esa agua adicional sea utilizada, a bajo coste, como recurso económico en la agricultura y en otras industrias y actividades económicas.

Esto sólo será posible con unas capacidades energéticas acordes y, que no se consiguen precisamente a partir de la instalación de generación eléctrica intermitente y dispersa como la de las energías renovables, sino con una generación masiva, barata y limpia, como la nuclear. En los últimos cinco años, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos ha puesto en servicio cuatro reactores nucleares cuya potencia se dedica casi íntegramente a la desalación.

El marco regulatorio del agua debe evolucionar urgentemente para facilitar su uso y no penalizarlo. No puede ser que las cuencas hidrográficas funcionen como reinos de taifas en donde rijan criterios divergentes y en donde se llegue a la situación límite en la que se encuentran actualmente cientos de explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo agua disponible, no pueden hacer uso de ella y tienen que finalizar su actividad a causa de la maraña normativa y burocracia autonómica, estatal o europea que les obliga a cumplir con absurdas e innecesarias normas como la de poner contadores y sufrir penalizaciones en lugares geográficos donde el agua no debería ser restringido. Se tiene que ir en la dirección opuesta para incentivar la eficiencia y apoyar la producción.

Para ello hace falta un enfoque basado en incrementar la oferta hídrica de forma gigantesca para que apoye a actividades como, por supuesto, la agricultura, pero también los servicios como hostelería, deportes y otras industrias que puedan precisar, por ejemplo, capacidad de refrigeración como los centros de datos.

Fuente: A Contracorriente